A 500 ascendió el  número cristianos muertos que dejaron los  enfrentamientos étnico-religiosos registrados este fin de semana  en las cercanías de Jos, al norte de Nigeria, según dio cuenta un balance presentado por  el portavoz de las autoridades del Estado de Plateau, Gregory Yenlong.

Según relatos de testigos, difundidos por las agencias internacionales de noticias,  pastores musulmanes de la etnia fulani, armados con revólveres, fusiles, metralletas y machetes, asaltaron y quemaron las viviendas de las localidades de Dogo Na Hauwa, Ratsat y Jeji, matando  a todas las personas  que encontraban en el sitio, entre ellas mujeres y niños.  

La dantesca masacre generó alarma máxima entre las fuerzas de seguridad de Plateau y  de los estados aledaños. El suceso  tuvo lugar a menos de dos kilómetros de la residencia del gobernador del estado de Plateau, Jonah Jang.

Se cree que este ataque del fin de semana fue la respuesta de los pastores musulmanes a los enfrentamientos religiosos ocurridos en esa zona el pasado mes de enero y que dejó 326 muertos, lo que los musulmanes calificaron como como una acción organizada para asesinarlos.

En la actualidad, los casos de violación a derechos laborales y humanos en las maquilas florecen a plena luz del siglo XIX y El Salvador no es ajeno a ellos.

Miriam Romero, de 35 años, es una salvadoreña que ha sido víctima de este tipo de abusos. En abril de 2008 comenzó a trabajar como operaria de la Industria Yahr, ubicada en Ayutuxtepeque, San Salvador.

Los primeros meses, como ella señala, fueron lo bastante buenos para brindarle una esperanza de estabilidad laboral y económica. Ganaba de 15 a 20 dólares diarios, según la cantidad de trabajo que le asignaran. Sin embargo, su situación cambió por completo cuando se vio en la necesidad de comunicar a sus superiores que se encontraba en estado de embarazo.

Los partidos FMLN, ARENA y PCN llegaron ayer al acuerdo de emitir un dictamen en la próxima sesión plenaria, para superar el veto que realizó el Presidente de la República, Mauricio Funes, en relación a las reformas a la Ley Penal Juvenil, para incrementar la pena máxima de siete a 15 años.

Para los políticos, el decreto aprobado no es inconstitucional, como lo señala el Ejecutivo en la nota con la argumentación del veto. Sin embargo, los representantes de los partidos mencionados están dispuestos a superar el veto, con 56 votos, y que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la “que dictamine si el decreto es o no inconstitucional”.

Margarita Velado, del FMLN, declaró que es importante “afianzar” la justicia penal juvenil. Además, aclaró que las reformas aprobadas no “amarran” a los jueces, pues son ellos quienes dictaminan sobre la pena que se le otorgará al acusado.  Antonio Almendáriz, del PCN, manifestó su posición de superar el veto. A esa posición se unió la bancada arenera. Guillermo Ávila, de ARENA, dijo que lo mejor sería mantener la posición y, luego, si el Presidente lo sigue considerando inconstitucional, que sea la CSJ la que tome la decisión.

Las mediciones realizadas por cuatro universidades de Estados Unidos mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en inglés) revelaron que el potente terremoto del pasado 27 de febrero en Chile desplazó más de tres metros hacia el oeste a la ciudad de Concepción (centro) y alteró en 27 centímetros la posición de Santiago (capital) del oeste al suroeste.

Las ciudades de Valparaíso y Mendoza al noreste de Concepción, también se trasladaron en distancia de manera significativa.

El profesor de ciencias de la Tierra de la Universidad Estatal de Ohio (este) Estados Unidos, señaló que mediante las estaciones de GPS se pueden determinar los desplazamientos o "saltos" registrados durante un terremoto.

El cuerpo de la última persona desaparecida entre las ruinas de un edificio en Concepción, símbolo del terremoto que asoló a esa ciudad chilena hace once días, fue hallado a pocos metros de una salida de escape, confirmaron los rescatistas este martes.

"El cuerpo está ubicado entre el segundo y primer piso (peldaño) de la escala de escape", informó el subprefecto de Investigaciones en Concepción, Sergio Claramut.

El cadáver de José Luis León, de 26 años, fue detectado en una escalera de emergencia del derrumbado edificio de 15 pisos, lo que alimentó especulaciones sobre lo cerca que pudo haber estado de salir con vida.

Según testigos, León ingresó al edificio Alto Río media hora antes del sismo, donde vivía desde hacía mes y medio. El lugar era habitado por un centenar de personas, de las cuales nueve murieron.

teleSUR - Afp / MM