En estos días (15-17 de mayo) se realiza en El Salvador una reunión de representantes de las grandes radiodifusoras privado-comerciales del Continente, invitados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER). En el evento confluye el encuentro bianual del consejo directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la asamblea general de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).

En este contexto, representantes de la AIR han expresado en algunos medios masivos salvadoreños afirmaciones falsas sobre los procesos de democratización de la comunicación, que se impulsan en varios países latinoamericanos a través de nuevos marcos jurídicos y políticas públicas en el ámbito mediático. Los voceros de la AIR afirmaron que la democratización de la comunicación no es más que una estrategia para acabar con los “medios privados, libres e independientes”.

Las propuestas para democratizar la comunicación, descalificadas por la AIR, surgen del seno de medios comunitarios, organizaciones populares, instituciones académicas, Organismos de Naciones Unidas como la UNESCO y diversas instancias de la sociedad civil que plantean la creación de modelos de comunicación plurales, diversos y democráticos; y parten de tres principios fundamentales: el derecho humano a la comunicación, los medios como instrumentos para la libertad de expresión y la democracia, y el espectro radioeléctrico como un bien público que los Estados deben administrar con criterios transparentes y democráticos.

Quienes promovemos la democratización de la comunicación, buscamos el reconocimiento legal y en igualdad de condiciones de los medios públicos, privados y comunitarios; la distribución equitativa de las frecuencias analógicas y digitales, mecanismos transparentes e incluyentes para asignar las concesiones de radio y televisión, y medidas antimonopólicas para contrarrestar la concentración de la propiedad mediática. También propiciamos medidas como la defensoría del público; el derecho de rectificación y respuesta, la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal, acceso universal al internet y promoción de la cultura nacional.

Estas propuestas están recogidas en constituciones nacionales (Bolivia y Ecuador), leyes de comunicación (Argentina y Uruguay) o en propuestas de ley que se debaten en congresos legislativos (Ecuador y Honduras). En El Salvador, ARPAS –junto a organizaciones sociales e instancias académicas, con apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en diálogo con el sistema de medios públicos– plantea una ley para democratizar la comunicación.

Estos marcos regulatorios están acordes con los parámetros democráticos establecidos por instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU, la OEA, Unión Europea y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, que proponen una mayor diversidad de medios como garantía para la libertad de expresión y la pluralidad de informaciones y opiniones.

Esta perspectiva democrática contrasta con la visión mercantil de los conglomerados mediáticos representados en ASDER, UNARCA y AIR. Para estos grupos concentrados la comunicación es un negocio, los medios son instrumentos para el lucro y las frecuencias radioeléctricas son bienes privados de explotación comercial que se pueden comprar, vender o alquilar. Estos oligopolios mediáticos asumen el discurso de la libertad de expresión para defender sus intereses empresariales, manipular informaciones y opiniones, y para mantener la hegemonía neoliberal.

Por eso se oponen a la democratización de la comunicación, calificándola como una estrategia contra los “medios privados, libres e independientes”. En Argentina, por ejemplo, el Grupo Clarín mantiene una fuerte ofensiva jurídica y política contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en Ecuador impulsan una campaña de desinformación sobre el proyecto de ley de comunicación, presentándola como ley mordaza; y en El Salvador rechazan las propuestas de ARPAS, la UCA, FESPAD, ACISAM, ORMUSA y otras organizaciones e instituciones .

Por tanto:

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que aglutina a 25 radios y centros de comunicación comunitarios, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), que integra a más de 100 radios y centros de comunicación educativos y populares, coordinadoras nacionales de radios comunitarias y redes regionales de comunicación, rechazamos enérgicamente las afirmaciones falsas de los representantes de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR).

ARPAS y ALER reivindicamos la democratización de la comunicación y la construcción de modelos de medios democráticos como una reforma democrática estructural necesaria para profundizar la democracia en nuestros países, en el marco de la búsqueda del Buen Vivir de los pueblos latinoamericanos. En tal sentido, instamos a los medios de comunicación democráticos, a las organizaciones  populares y cristianas, a las instituciones académicas y a los gobiernos que son sensibles a estas propuestas, a continuar con el esfuerzo de democratizar la comunicación para profundizar la democracia.

San Salvador y Quito, 16 de mayo de 2013.

La digitalización del espectro radioeléctrico es una oportunidad para democratizar la comunicación; pero para esto se necesitan marcos jurídicos y políticas públicas en materia de comunicación social que reconozcan a los medios públicos, privados y comunitarios, distribuyan equitativamente las frecuencias radioeléctricas y establezcan mecanismos democráticos para asignar las concesiones de radiodifusión.

Por eso, el pasado viernes 3 de mayo las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea y de África emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la digitalización del espectro radioeléctrico, donde plantean lineamientos y criterios para que este proceso sea una oportunidad para democratizar la comunicación y no una amenaza de mayor concentración de la propiedad mediática.

Las Relatorías plantean que los Estados deben garantizar, a través de marcos regulatorios y políticas públicas, que el nuevo dividendo digital permita una mayor pluralidad y diversidad de medios de comunicación; y que, en un marco de transparencia y plena consulta, los gobiernos establezcan foros integrados por todos los actores interesados en el proceso de digitalización del espectro.

En ese sentido el colectivo de organizaciones por la democratización de la comunicación, integrado por la UCA, FESPAD, ACISAM, ORMUSA y ARPAS, reitera al Presidente Mauricio Funes su propuesta de crear una Comisión Nacional para la Digitalización del Espectro Radioeléctrico donde se discutan los marcos regulatorios y las políticas públicas que permitan aprovechar la digitalización para generar mayor diversidad de medios públicos, privados y comunitarios.

Dicha propuesta fue planteada formalmente el pasado 19 de febrero de este año al Presidente, pero aún no hemos tenido respuesta. Mientas tanto, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) prosigue con el debate con un enfoque meramente técnico, únicamente con los operadores televisivos, dejando de lado la discusión sobre los marcos legales y políticas públicas que recomiendan las Relatorías de Libertad de Expresión.

Así que reiteramos nuestra propuesta de crear dicha comisión, que sería representativa de todos los sectores del país (medios de comunicación, gremio periodístico, universidades, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y empresas privadas), del más alto nivel político y de carácter vinculante. Al mismo tiempo, instamos a todos los sectores nacionales a mostrarse parte en este debate sobre la digitalización del espectro radioeléctrico.

San Salvador, 14 de mayo de 2013.

DESAYUNO-CONFERENCIA DE PRENSA:

Postura de organizaciones salvadoreñas sobre el pronunciamiento conjunto de las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Unión Europea y África

El pasado viernes 3 de mayo, las Relatorías de Libertad de Expresión de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea y de África emitieron un pronunciamiento conjunto sobre la digitalización del espectro radioeléctrico, en el que plantean una serie de lineamientos y criterios para que este proceso constituya una oportunidad para democratizar la comunicación y no una amenaza de mayor concentración de la propiedad mediática.

En tal sentido, el colectivo de organizaciones por la democratización de la comunicación, integrado por la UCA, FESPAD, ACISAM, ORMUSA y ARPAS, dará a conocer en conferencia de prensa este importante pronunciamiento y reiterará su propuesta de crear una Comisión Nacional para la Digitalización del Espectro Radioeléctrico, planteada el 19 de febrero de este año al Presidente Mauricio Funes.

En la conferencia de prensa participará también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, quien recientemente se pronunció a favor de legislar para garantizar la seguridad de los periodistas, ejercer el derecho de rectificación y respuesta, reconocer el derecho a la comunicación y establecer mecanismos democráticos para la asignación de las concesiones de radio y televisión.

Día y hora: Martes 14 de mayo, 7:30 a.m.

Lugar: Cebollines Los Héroes (frente al Mundo Feliz, arriba de Metrocentro), Salón Oaxaca.

Contacto: Leonel Herrera, 2260-4427/28 y 7905-4021.

Esperamos contar con la presencia de su prestigioso medio de comunicación.

San Salvador, 13 de mayo de 2013.

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Por Leonel Herrera

La comunicación es un derecho humano, aunque no esté reconocido como tal en tratados internacionales ni en las constituciones y leyes sobre medios de la mayoría de países, entre éstos El Salvador. Este artículo presenta un breve recorrido del debate político-conceptual sobre el derecho a la comunicación, identificando los momentos más importantes de la discusión y planteando las distintas perspectivas que interactúan en el debate contemporáneo sobre el derecho a la comunicación.

Los momentos del debate

Un primer momento es el origen del debate en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a finales de la década de los años 60. Jean D’Arcy, director del servicio radial y visual de la Oficina de Información Pública de Naciones Unidas, planteó la necesidad de un derecho más amplio que los de acceso a la información y libertad de expresión: el “derecho a comunicar”, desde el cual debería abordarse el futuro de las comunicaciones.

En sus argumentos a favor del derecho a la comunicación, el periodista francés planteó en 1969 que las frecuencias del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales fueran declaradas patrimonio común de la humanidad, con lo cual se daría paso al derecho internacional de las comunicaciones.

Esta discusión inicial sobre el derecho a la comunicación en el seno de la UNESCO estuvo influenciada por los planteamientos del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), que reivindicaba el diseño de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) y un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC).

Un segundo momento es la publicación del informe “Un solo Mundo Voces Múltiples: Hacia un nuevo orden mundial más justo y eficaz de la información y la comunicación”, conocido como Informe Mc Bride debido a que fue elaborado por una comisión encabezada por el abogado irlandés Sean McBride. El informe, publicado en 1980, respondía al doble mandato que recibió la comisión: realizar un diagnóstico de los problemas de la comunicación y proponer medidas para democratizar los sistemas mediáticos.

En tal sentido, el informe destacó como principales problemas la concentración de la propiedad de los medios y la hegemonía cultural que ejercían los países desarrollados; y propuso la democratización de la comunicación como un proceso mediante el cual aumenta constantemente la variedad de mensajes y la representación social en la comunicación, se garantiza mayor acceso público a los medios y aumentan las posibilidades de intercambiar informaciones en un plano de mayor igualdad, sin dominación de unos sobre otros.

Este diagnóstico y esta propuesta le valieron a la UNESCO el rechazo de las potencias capitalistas, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, que terminaron retirándose de la única plataforma de debate sobre el derecho a la comunicación. La UNESCO, entonces, abandonó la perspectiva del Informe McBride y retomó viejas ideas difusionistas que reconocen las desigualdades en los intercambios informativos pero no cuestionan las estructuras del modelo de comunicación dominante.

Un tercer momento es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), convocada al final de la década de los noventa por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Su perspectiva distó mucho del enfoque estructural del debate en la UNESCO décadas atrás, pues se centró en aspectos técnicos referidos principalmente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TICs.

Lo relevante de esto es que aparecieron las organizaciones de la sociedad, levantando la bandera del derecho a la comunicación. En la declaración, elaborada por el profesor holandés Cees Hamelink, las organizaciones destacan como elementos del derecho a la comunicación los derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación.

Y un último momento del debate sobre el derecho a la comunicación lo constituyen los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, el resurgimiento de la UNESCO y las nuevas legislaciones sobre medios en varios países sudamericanos. La Relatoría señala en sus informes la existencia de monopolios y oligopolios mediáticos, la falta de acceso de los medios comunitarios al espectro radioeléctrico y la asignación o negación de concesiones con criterios políticos.

La UNESCO elaboró en el año 2008 el documento “Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desempeño de los medios de comunicación social”, que establece la necesidad de una gama equilibrada de medios públicos, privados y comunitarios para garantizar el pluralismo y la diversidad de voces, y establece una serie de parámetros para democratizar los sistemas mediáticos.

Y las nuevas leyes sobre medios en Suramérica plantean construir modelos mediáticos acordes con la democracia. Entre éstas la más emblemática es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, que reconoce a los tres tipos de medios (públicos, privados y comunitarios), distribuye equitativamente las frecuencias radioeléctricas, establece medidas anti monopólicas para desmontar la concentración de los medios, crea la figura del ombudsman y promueve la producción audiovisual nacional.

Perspectivas actuales

Al revisar el recorrido histórico y el debate actual sobre el derecho a la comunicación, se identifican tres perspectivas.

En primer lugar, una perspectiva se refiere al derecho a la comunicación como dimensión social o extensión de la libertad de expresión y de acceso a la información.

Desde esta perspectiva, la vigencia del derecho a la comunicación no necesariamente depende de que esté reconocido como tal en tratados internacionales y legislaciones nacionales, sino más bien de la progresiva evolución democrática de las sociedades: del empoderamiento ciudadano en la demanda y de la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas que propicien su ejercicio. Sin embargo, es criticada por quienes consideran el reconocimiento de la libertad de expresión insuficiente para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación.

En segundo lugar, está la que asume el derecho a la comunicación como un “paraguas” que aglutina a una serie de derechos vinculados a la expresión, información, participación, protección y cultura. Por eso aquí se habla de “derecho a la comunicación”, pensando en el paraguas, o “derechos de la comunicación”, pensando los elementos que están bajo el paraguas.

Esta perspectiva cuestiona fuertemente las desigualdades en el flujo de información y señala los obstáculos estructurales que impiden la vigencia del derecho a la comunicación y la democratización de los medios: la concentración de la propiedad, la influencia de intereses corporativos en los medios hegemónicos y la falta de acceso a los medios para amplios sectores sociales.

Y en tercer lugar, está la perspectiva que plantea el derecho a la comunicación como una reforma democrática estructural y contra hegemónica. Ésta plantea que los problemas estructurales que impiden la vigencia del derecho a la comunicación afectan también el ejercicio de los demás derechos humanos, menoscaban la democracia y, por tanto, para que existan sociedades democráticas se necesitan sistemas mediáticos democráticos.

Bajo esta perspectiva en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay la democratización de la comunicación avanza paralela a la profundización de la democracia, la construcción de nuevos modelos económicos y a la refundación de los Estados nacionales.

Desde una mirada integradora, estos tres enfoques sobre el derecho a la comunicación no son excluyentes. Son más bien parte de un mismo proceso que empieza por garantizar la vigencia plena de la libertad de expresión y el acceso a la información, pasa por el cumplimiento del resto de derechos vinculados a la comunicación (información, participación, protección, cultura) y culmina con la “juridificación” e institucionalización del derecho a la comunicación.

En El Salvador, es necesario plantear el debate sobre el derecho a la comunicación en la agenda nacional. Para esto es urgente que desde las organizaciones de la sociedad civil se plateen con más fuerza las propuestas de marcos jurídicos y políticas públicas para la democratización de la comunicación, partiendo de una perspectiva integradora del derecho a la comunicación.

*Este artículo es un resumen de la primera parte de la tesis: “Aportes para la elaboración de una propuesta de ley que democratice y transparentice los medios de comunicación social”.