El grupo parlamentario de ARENA protagoniza un episodio de chantaje y acusaciones en el marco de la postergada elección del Fiscal General de la República, elección de mayoría calificada que depende de los votos areneros.

Chantajes, porque –según ha denunciado el FMLN– los diputados de ARENA ofrecen aprobar el préstamo de 800 millones de dólares para pagar deuda externa a cambio de volver a elegir como fiscal general a Romeo Barahona, funcionario que pasó sin pena ni gloria los últimos tres años en el ministerio público.

Decimos esto porque Barahona no investigó las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, no investigó la corrupción de los gobiernos de ARENA y ha dejado impune la mayoría de delitos de la delincuencia común, pandilleril y organizada.

Y acusaciones, porque –sin presentar ninguna prueba– dirigentes de ARENA acusan al partido GANA de intentar comprar a algunos de sus diputados para que voten por Astor Escalante como fiscal general, y entre estos diputados mencionan a Sigfredo Ochoa Pérez.

Ojalá que el Tribunal de Ética Gubernamental, la Corte de Cuentas y misma Fiscalía investiguen los chantajes y las acusaciones de ARENA; y que la ciudadanía no se mantenga pasiva ante este bochorno legislativo y se movilice para exigir la elección de un fiscal general honesto, capaz, independiente y comprometido con la lucha contra la impunidad.

En este espacio editorial consideramos que –a juzgar por su desempeño en la Fiscalía– ni Romeo Barahona ni Astor Escalante cumplen con el perfil de idoneidad para ser titular del ministerio público. Si ambos hubieran desempeñado cabalmente su rol, el país no tendría los niveles de impunidad actuales.

Además, sobre ambos se vierten sospechas lógicas. Por ejemplo: sobre Romero Barahona se dice que, si vuelve a ser electo fiscal general, podría intentar alguna escaramuza de investigación judicial contra el ex presidente Antonio Saca para evitar su inminente candidatura presidencial con GANA; y sobre Astor Escalante se dice que su posible retorno a la Fiscalía garantizaría impunidad de los actos de corrupción del último gobierno de ARENA.

Ojalá, entonces, que la población se muestre parte interesada para que la elección del fiscal general responda al interés nacional de garantizar la legalidad y no a las lógicas electorales de ARENA, GANA y demás partidos políticos o grupos de poder económico.