Esta propuesta de normativa plantea la necesidad de “promover el desarrollo integral en lo económico, social, cultural y la participación efectiva en el ejercicio de los derechos tanto civiles como políticos de los pueblos y comunidades indígenas”. Lo que incluye la protección y preservación de su propia cultura, de su tierra y territorio, y especialmente de los bienes naturales renovables y no renovables.

La Secretaria de Cultura, Silvia Elena Regalado, manifestó que “también se propone la conformación de un Consejo Indígena que permita a los pueblos organizarse y trabajar también de acuerdo a su cosmovisión y a su espiritualidad”.

Sobre esta iniciativa la Asamblea Legislativa comenzó su discusión a casi cuatro años de la ratificación del artículo 63 de la Constitución de la República que reconoció la existencia de las comunidades originarias.